Por Alma Valadéz/ Agencia MANL
Tlalnepantla, Méx.— Un juzgado laboral será el encargado de definir el monto que corresponderá por concepto de prima de antigüedad a los ex trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Tlalnepantla, en un proceso que, de acuerdo con la autoridad municipal, busca garantizar el pago más favorable de acuerdo con la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
La mañana de este miércoles, un grupo de jubilados del Sindicato Unificado de Trabajadores de Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEyM) realizó un bloqueo sobre Avenida Mario Colín, además de manifestarse frente al Palacio Municipal. Exigen el pago de prima de antigüedad y jubilación, pese a que ambos conceptos derivan de la misma disposición establecida por la ley.
El gobierno municipal precisó que el convenio firmado con el SUTEyM contempla una prima de antigüedad equivalente a 60 días de salario por cada año trabajado, monto que -según la cláusula décima del documento- representa el mayor beneficio posible para los trabajadores jubilados.
El artículo 80 de la citada ley establece que, cuando existan diferentes mecanismos de retiro sin aportaciones del trabajador, sólo se deberá entregar la prestación que más le favorezca.
Aunque las autoridades ofrecieron un adelanto como muestra de compromiso, la mayoría de los ex trabajadores -que concluyeron sus labores el pasado 31 de diciembre- aceptaron esperar la decisión judicial para conocer el monto final, renunciando por el momento a recibir el aguinaldo.
El Ayuntamiento informó que tiene un plazo legal de hasta 30 días para realizar estos pagos, pero enfrenta restricciones financieras derivadas del déficit presupuestal heredado de la administración anterior. En vista de ello, se elaboró un cronograma para garantizar la entrega de los recursos correspondientes.
El presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, reiteró su disposición para atender la demanda de los extrabajadores y aseguró que su gobierno mantendrá una política de apego a la ley para proteger los derechos tanto del personal activo como de quienes concluyeron su servicio.
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